Como siempre nos gusta mantener informados a nuestros propietarios y clientes de las novedades, especialmente en el ámbito normativo, del sector inmobiliario, tanto en cuanto afectan directamente a las operaciones de compra-venta que se realizan, recogemos hoy un interesante artículo en el blog de la plataforma Idealista sobre la guerra oculta y tecnológica en el mundo de los notarios.
La nueva Ley de Crédito Inmobiliario 5/2019 obliga a las entidades financieras a enviar toda documentación pre-contractual asociada a una hipoteca, incluyendo oferta vinculante, con un mínimo de 10 días de antelación, a la notaría elegida por el cliente, para que se pueda analizar el contenido de la susodicha documentación por el despacho en cuestión y que se puedan garantizar así que las condiciones hipotecarias cumplen con la normativa vigente además de dar fe de que el hipotecado y comprador entiende el contrato de manera clara.
En la trastienda de esta nueva obligación se esconde una guerra en la que el Consejo General del Notariado asegura que solo se podrá remitir la susodicha documentación a través de la aplicación y plataforma de gestión de ANCERT, empresa controlada por el propio Consejo. Pero la sicuación actual es que notarios, asociaciones, bancos y empresas vinculadas a las nuevas tecnologías afirman que la normativa no habla de un software concreto sino del uso de medios telemáticos seguros que garanticen la privacidad y seguridad de la información, pero sin especificar un aplicativo concreto desarrollado por una empresa en particular.
¿Cómo te afecta a ti todo esto?
Pues elegir notario no es cuestión baladí, como tampoco lo es elegir a un dentista en La Laguna, por hacer un símil con la salud. Que tu Notario esté por la labor o no de seguir los dictados del Consejo General del Notariado o bien sea más propenso a la rebeldía (usado aquí este término con humor) podría provocar retrasos y problemas de toda índole en la firma de tu operación. E insistimos en uso verbal «podría».
En todo caso, y al margen de guerras tecnológicas y empresariales por el monopolio de la gestión digital de la documentación, desde el sector inmobiliario se exige transparencia, seguridad, privacidad, eficiencia y rapidez en la gestión documental y que en ningún caso esta guerra empresarial afecte ni a vendedores ni a compradores, ajenos totalmente a estas circunstancias, ya que la nueva Ley de Crédito Inmobiliario busca proteger al consumidor final. Es y debe ser su único fin.
Fuente: Idealista.
